En la cumbre de la tierra – también conocida como Río+20 – representantes de los estados-nación, de las industrias multinacionales, y de la sociedad civil en su conjunto tienen por delante el desafío de lograr un consenso en los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable y de encontrar soluciones en conceptos claves para poder pensar en la implementación de futuras políticas públicas. Por caso, basta ver cómo la idea de “economía verde” genera discrepancia entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

La Cumbre de la Tierra significa una oportunidad para avanzar en políticas de desarrollo sustentable a nivel mundial. En este marco, lo que está en juego es la posibilidad de definir una agenda de trabajo concreta, donde se decidan qué programas serán llevados adelante, con qué financiamiento y quién será el encargado de ejecutar esa tarea.

CEDHA está teniendo una incidencia importante en la organización de eventos que hacen también a la Cumbre, porque la Cumbre además de negociar un texto tiene un rol fundamental que es incrementar el nivel de conciencia, de solidaridad, de cooperación entre la sociedad civil, el sector privado y los estados, en determinados temas que hacen al equilibrio ecológico: minería, derecho al agua, glaciares y responsabilidad empresaria son algunos de sus ejes clave.

“Yo tengo una enorme confianza en que la revolución que necesitamos – de pensamiento y tecnológica que se está dando en el mundo, va a ser filtrada y va a tener incidencia en la alta política”, afirma Romina Picolotti, abogada ambientalista y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Sin embargo, la experta considera  que “como van las negociaciones (formales) parecería que esta oportunidad (por la Cumbre de la Tierra) se va a desperdiciar. “Esperemos que algo concreto salga de la Cumbre. No basta con una declaración más, estamos en un punto crucial en varios temas ambientales que hacen al equilibrio planetario. Estamos en un punto crucial en contaminación atmosférica, de agua, en generación de energía. Si no damos un viraje importante y marcamos un nuevo rumbo, vamos casi al suicidio colectivo. Hasta ahora parece que la alta política se mantiene sorda, ciega y muda a los informes científicos y al grado de conciencia y de urgencia que está requiriendo la sociedad civil. Esperemos que nuestros gobernantes – que dicen representarnos – finalmente entiendan que tienen que elaborar políticas de largo plazo en materia ambiental y no estén atadas necesariamente a la próxima elección, afirma Romina Picolotti.

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